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Por la dignidad, la libertad de movimiento y la justicia interseccional

1. Introducción: un aniversario que incomoda

Cada 28 de junio las calles de medio mundo se llenan de banderas arcoíris, pero la normalización festiva ha diluido la raíz política del Orgullo. Tras la revuelta de Stonewall (1969) llegaron también los “sucesos de Las Carolinas” en Barcelona (4-abr-1976), una redada masiva que culminó con 67 detenciones y la aplicación de la Ley de Peligrosidad Social a mujeres trans y varones homosexuales de origen humilde, incluidos migrantes internos y personas gitanas. La protesta que siguió, ampliamente documentada por el Front d’Alliberament Gai de Catalunya, fue el detonante de la primera manifestación del Orgullo en la ciudad (26-jun-1977) —disuelta con violencia por la policía gris— y marcó la pauta de una lucha que hoy se reactiva frente a los retrocesos globales (Platero, 2017).

Lección inmediata: ningún derecho se concede voluntariamente; se arranca en la calle y se defiende cada día frente a viejas y nuevas formas de represión.

2. Diagnóstico global: el péndulo antiderechos vuelve a oscilar

1. Oleada anti-trans: de la ofensiva legislativa al contagio cultural
   En 2024 la American Civil Liberties Union (ACLU) rastreó 528 proyectos de ley encaminados a restringir la vida de las personas trans en EE. UU. (Trans Legislation Tracker, 2025). La arremetida va mucho más allá de vetar la participación deportiva o el acceso a baños: 24 estados aprobaron prohibiciones totales o parciales de la atención de afirmación de género, con penas que oscilan entre multas de 25 000 $ y hasta 10 años de cárcel para profesionales sanitarios. El laboratorio estadounidense exporta su retórica mediante lobbies ultraconservadores que financian campañas en Europa: en Italia, la derrota del DDL Zan (2021) abrió la puerta a iniciativas de censura escolar; en el Reino Unido, el gobierno ha bloqueado la ley escocesa de reconocimiento de género y pretende limitar los espacios seguros para mujeres trans; en Alemania y España, partidos de extrema derecha libran una “guerra cultural” basada en desinformación sobre supuestas cirugías infantiles y “borrones” de mujeres. El resultado es un clima social donde la agresión física y el suicidio juvenil se disparan, mientras se normaliza la idea de que las identidades trans son una moda que debe tutelarse o abolirse.
2. Criminalización del deseo: el retorno de las leyes de peligrosidad
   La aprobación en Uganda de la Anti-Homosexuality Act (mayo 2023) —que contempla la pena de muerte por “homosexualidad agravada” y cadena perpetua por “promoción”— encendió las alarmas internacionales. Su redacción calca cláusulas propuestas en Ghana, Kenia y Nigeria por redes de predicadores evangélicos estadounidenses y rusos. En Eurasia, Rusia tipificó en 2024 a todo el “movimiento LGBT” como organización extremista, lo que permite encarcelar a cualquier activista por “terrorismo ideológico”. Polonia mantiene más de 80 “zonas libres de LGBT” ratificadas por gobiernos locales, mientras Hungría amplió su ley de “propaganda” para prohibir la literatura infantil con personajes queer. La ofensiva no solo legisla contra cuerpos y afectos: también estrangula a ONGs mediante registros fiscales, retira licencias a medios críticos y obliga a solicitantes de asilo a demostrar “homosexualidad auténtica”, reeditando los test de moralidad de los años setenta.
3. Guerra contra la autonomía corporal: el mismo puño con guante diferente
   La caída de Roe v. Wade (junio 2022) no fue un episodio aislado, sino el pistoletazo de salida para una agenda misógina y transfóbica única. Hoy, 21 estados estadounidenses prohíben o restringen severamente el aborto; 14 de ellos criminalizan simultáneamente la atención de afirmación de género para menores, aplicando incluso las mismas sanciones penales a ginecólogas/os y endocrinólogas/os. El movimiento antigénero instrumentaliza conceptos como “protección del menor” o “libertad parental” para equiparar transición hormonal con mutilación y aborto con infanticidio. El patrón se replica en Polonia (prohibición casi total del aborto, veto a la fecundación in vitro) y en América Latina, donde gobiernos conservadores (Nicaragua, Guatemala) impulsan reformas constitucionales que blindan “la vida desde la concepción” y extienden su cruzada al currículo escolar, vetando cualquier referencia a diversidad sexual o de género.
4. Fronteras militarizadas: externalizar la violencia y lavar conciencias
   En EE. UU., la sustitución de Título 42 por Título 8 convirtió la expulsión exprés en norma: miles de solicitantes de asilo —incluidas personas LGBTIQ+ perseguidas— son devueltas a México bajo acuerdos que las exponen a extorsión y trata. En la UE, el nuevo Pacto de Migración y Asilo (2024) legaliza retenes fronterizos de hasta 12 semanas y amplía los “países seguros” para el retorno, pese a sus legislaciones homófobas (Turquía, Marruecos, Senegal). La agencia Frontex recibió un presupuesto récord de 845 M€ en 2025 y contrata drones de la industria militar israelí para patrullar el Mediterráneo, mientras el bloque transfiere patrulleras a Libia, donde hombres gais y mujeres trans sufren violaciones sistemáticas en centros financiados indirectamente con fondos europeos. La externalización no solo traslada la violencia fuera de cámara; también bloquea el derecho a solicitar protección internacional amparado por la Convención de 1951.
5. Complejo penal-industrial: prisiones que fabrican exclusión y beneficio
   Cuando la disidencia sexual se criminaliza o se desalienta socialmente, el destino final suele ser la cárcel. En EE. UU. una persona trans tiene 10 veces más probabilidades de ser encarcelada que la población general; el 47 % de las reclusas trans denuncia agresiones sexuales dentro de prisión (National Center for Transgender Equality, 2023). En España, las mujeres trans internas siguen mayoritariamente en módulos masculinos pese al protocolo de 2022; el acceso a tratamiento hormonal depende de la discrecionalidad médica y se restringe tras incidentes disciplinarios. Empresas privadas como GEO Group o CoreCivic gestionan instalaciones donde el hacinamiento y la falta de personal son regla, lucrándose con contratos estatales que pagan por cuerpo retenido y día de estancia. El círculo se cierra cuando la falta de documentos concordantes —resultado directo de leyes anti-trans y trabas migratorias— desencadena arrestos por “suplantación”, “desobediencia” o trabajo sexual en contextos de supervivencia.

Síntesis crítica: la arremetida contemporánea no es un mosaico de incidentes aislados, sino una estrategia convergente que combina pánico moral, securitización y negocio carcelario. Cada ley anti-trans en Arkansas fortalece a los censores rusos; cada dron de Frontex legitima la tortura en Libia; cada cárcel privatizada en Tennessee normaliza la reclusión de mujeres trans sin hormonas en otros lugares del planeta. El péndulo antiderechos oscila con fuerza porque se alimenta de alianzas ideológicas y de intereses económicos concretos. Resistir exige, por tanto, articular respuestas locales que comprendan la dimensión global del aparato que pretendemos desmantelar.

3. Barcelona y Cataluña: la frontera dentro

Problema local	Mecanismo de exclusión	Impacto específico sobre migrantes, gitanas y personas trans
Empadronamiento “racionalizado”	Se exigen contratos o se cursan bajas de oficio	Sin padrón no hay tarjeta sanitaria, arraigo ni escolarización infantil.
Sensellarisme LGBTIQ+	Falta de albergues inclusivos y housing-first	Entre el 20 % y el 40 % de la juventud sin techo se identifica como LGBTIQ+.
No aplicación de la Ley Trans a migrantes	No se aplican los cambios de la ley trans para personas migrantes	NIE incongruentes → outing, discriminación laboral y sanitaria.
Antigitanismo persistente	Perfilado policial y zonas de “prevención”	El pueblo gitano representa solo el 1,5 % de la población y el 7 % de las personas reclusas.
Prisión como frontera interior	Traslados arbitrarios y a nivel estatal dificultades para acceso de hormonas	Altas tasas de agresión sexual y autolesiones en módulos incongruentes.

4. Intersecciones que multiplican el riesgo

Las violencias no actúan de forma aislada: se superponen y se refuerzan. Quien se sitúa en la intersección de varias opresiones —por ejemplo, ser persona migrante, gitana o trans— afronta una probabilidad mucho mayor de sufrir agresiones físicas, exclusión administrativa y pobreza estructural. Desglosamos tres cruces especialmente críticos:

1. Migración + identidad LGBTIQ+: del tránsito hostil al limbo burocrático

1. Violencia en ruta.
   • Las rutas mediterráneas y balcánicas concentran extorsiones sexuales sistemáticas contra personas LGBTIQ+. Convoys securitarios, milicias y bandas de tratantes utilizan la amenaza de outing para obligar a realizar trabajos forzados o prestaciones sexuales.
   • Las mujeres trans que recorren América Central hacia EE. UU. declaran tasas de agresión superiores al 70 % (OIM, 2023), muy por encima del resto de la población migrante.
2. Demostrar lo indocumentable.
   • Para obtener asilo, las oficinas de protección internacional exigen “credibilidad” y “coherencia”. Esto deja fuera a quienes se vieron obligadas a ocultar su identidad en su país de origen: carecen de denuncias, fotos o certificados que prueben su orientación o identidad.
   • Las entrevistas suelen reproducir estereotipos cis-hetero: se pide relatar experiencias sexuales explícitas o justificar expresiones de género “suficientemente visibles”.
3. Fronteras internas.
   • Sin padrón ni permiso de residencia queda bloqueado el acceso a la tarjeta sanitaria, a un contrato de trabajo o a la formación reglada.
   • La falta de alternativas formaliza la llamada “doble clandestinidad”: primero la del estatus migratorio, luego la de la identidad LGBTIQ+ en entornos laborales informales controlados por mafias.

Resultado: una cadena de vulnerabilidades escalonadas —tráfico, explotación sexual, detención y deportación— alimentada por la propia arquitectura legal que dice proteger.

2. Gitanidad + disidencia sexual: el racismo por fuera, la homotransfobia por dentro

1. Racismo estructural histórico.
   • Desde las Pragmáticas Reales del siglo XVI hasta los archivos policiales de “gitanos peligrosos” del franquismo, el pueblo romaní ha sido tratado como cuerpo sospechoso per se. El perfilado racial continúa hoy en controles de identidad cotidianos y en la sobrerrepresentación de personas gitanas en prisión (≈ 7 % de la población reclusa con solo 1,5 % del censo).
2. Tabúes intracomunitarios y expulsión simbólica.
   • Las normas de honor y roles de género tradicionales convierten a las personas gitanas LGBTIQ+ en “traidoras” culturales. La consecuencia más común es la expulsión del núcleo familiar, que deriva en sinhogarismo o ingreso en circuitos de prostitución de supervivencia.
   • La presión para mantener la unidad familiar invisibiliza las identidades queer: muchas lesbianas y bisexuales romaníes se casan heterosexualmente para proteger la reputación de la familia.
3. Borrado estadístico y político.
   • Ninguna encuesta estatal europea recoge datos combinados de etnia y diversidad sexo-genérica; por tanto, las necesidades específicas quedan fuera de presupuestos y programas.
   • Cuando existen proyectos LGBTIQ+, rara vez incluyen mediadoras gitanas; cuando son iniciativas gitanas, la diversidad sexual se considera “agenda ajena”.

La invisibilidad perpetúa la exclusión: sin datos no hay recursos; sin recursos no hay evidencia que visibilice el problema —un círculo de silencio que legitima el racismo y la homotransfobia.

3. Cárcel + identidad trans: la frontera más brutal del Estado

1. Ubicación forzada y violencia física.
   • A pesar del protocolo español de 2022, la mayoría de mujeres trans continúan en módulos masculinos “por motivos de seguridad”. La realidad: agresiones sexuales, extorsión y autocensura corporal (evitar duchas, feminización visible).
   • Quienes solicitan traslado a módulos de mujeres suelen pasar primero por aislamiento preventivo, lo que incrementa la tasa de autolesiones.
2. Negación sistemática de tratamientos hormonales en centros penitenciarios estatales.
   • La administración penitenciaria condiciona la continuidad de la terapia a informes psicológicos y a la “buena conducta”. Una sanción disciplinaria puede implicar la retirada temporal del tratamiento, generando síndrome de abstinencia hormonal y graves alteraciones anímicas.
   • La falta de endocrinología especializada deriva en sustituciones erráticas de dosis o en suministro de fármacos genéricos con menor eficacia.
3. Ausencia de protocolos de protección reales.
   • El personal penitenciario recibe escasa formación en identidad de género; la primera “medida de seguridad” suele ser el aislamiento, que vulnera el artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (trato inhumano).
   • Las denuncias de agresión rara vez prosperan: se prioriza la palabra del funcionario o de la persona agresora masculina cis, mientras se estigmatiza a la víctima por “provocación”.

Cada uno de estos cruces demuestra que la violencia no es un accidente, sino el efecto previsible de políticas y estructuras que se refuerzan mutuamente. Mientras la ley vea la gitanidad como sospecha, la migración como amenaza y la transexualidad como disfunción, cualquier reforma parcial quedará coja. Las respuestas también deben ser interseccionales: padrón universal, reconocimiento legal de la identidad de género para todas las personas residentes, formación antirracista obligatoria y protocolos penitenciarios con enfoque SOGIESC. Sólo articulando soluciones que contemplen todas las capas de la opresión podremos romper el ciclo de vulnerabilidad que hoy condena a miles de vidas a la clandestinidad, la violencia o la celda.

Realidad catalana: la frontera dentro

Tema local	Qué ocurre con precisión	Por qué resulta crítico para las personas migrantes, gitanas y/o trans
Empadronamiento	• Varios ayuntamientos —entre ellos Barcelona, L’Hospitalet y Badalona— aplican “bajas de oficio” cuando la Policía Local constata que la persona «no pernocta habitualmente» en la vivienda. • En 2024 el Síndic de Greuges recibió 308 quejas formales: la mayoría eran mujeres trans que alquilan una habitación sin contrato o viven en pisos sobre-ocupados. • Los consistorios piden recibos o contrato a nombre propio, pese a que la Resolución INE / 1997 autoriza el padrón «sin domicilio fijo» mediante declaración responsable.	• Perder el padrón significa pérdida automática de la tarjeta sanitaria (CatSalut vincula el CIP al padrón). • Sin padrón no es posible acreditar arraigo social (art. 124.2 RD 557/2011) → la irregularidad administrativa se cronifica. • Al no poder recoger recetas, se interrumpen hormonación, PrEP y antirretrovirales; además, los CAP derivan a urgencias en lugar de a Trànsit.
Ley Trans incompleta	• La Llei 11/2014 no se ha armonizado con la Ley estatal 4/2023. • Resultado: solo las personas con DNI español pueden rectificar sexo y nombre en el Registro Civil; las que poseen NIE, permiso de asilo o están en situación irregular quedan fuera. • El Departament d’Igualtat emitió una nota interpretativa (2023) que autoriza a la administración catalana a usar el nombre sentido, pero no tiene rango de ley ni obliga a entidades privadas ni al Estado.	• Se estima que ≈ 5 800 NIE emitidos en Cataluña (2023-24) llevan el “nombre muerto”. • Cada vez que la persona presenta el NIE en una farmacia, un contrato laboral o una entidad bancaria, su identidad se ve delatada (outing). • Algunos CIP hospitalarios exigen concordancia registral para validar recetas endocrinas → retrasos de meses.
Salud sexual	• La guía estatal de DOXI-PEP (abril 2024) no se ha financiado en la cartera de servicios del CatSalut. • La PrEP inyectable (lenacapavir/cabotegravir) aún no está incluida en el SNS y su precio comercial ronda los 20 000 €/año.	• Personas migrantes sin NIE o con padrón inestable quedan fuera de la estrategia de prevención más eficaz: la PrEP oral requiere seguimiento médico continuado y, sin CIP, no se dispensa. • Las ITS siguen subiendo entre jóvenes gais y mujeres trans sin cobertura sanitaria; los CAP derivan casos a ONG saturadas.
Antigitanismo	• El pueblo gitano supone 1,5 % de la población catalana, pero 7 % de la reclusa (Servei d’Estudis Penitenciaris, 2024). • Controles selectivos en Ferrocarrils, Rodalies y barrios como La Mina operan bajo la sospecha étnica.	• El racismo institucional se suma a la homotransfobia intracomunitaria: gitanas lesbianas o chicos gais romaníes optan por invisibilizarse o emigrar. • Sin reconocimiento estadístico interseccional, no existen recursos específicos: ni mediación gitana en centros LGBTI, ni protocolos de acogida que integren lengua romaní.

Por qué hablar de “frontera interna”

Estos cinco puntos construyen una frontera administrativa y simbólica dentro de Cataluña:

1. El padrón regula la existencia legal y el acceso a servicios básicos.
2. La documentación acorde determina si la identidad es respetada o puesta en duda.
3. El sistema penitenciario decide si la persona trans vive protegida o expuesta.
4. La prevención sanitaria marca la diferencia entre un tratamiento a tiempo y una infección evitable.
5. El antigitanismo estructural fija quién es considerado “ciudadano confiable” y quién es vigilado.

Sin reformas legislativas, financiación y formación obligatoria, estos dispositivos seguirán expulsando a las personas LGBTIQ+ migrantes y gitanas hacia la precariedad y el silencio.

6. Agenda de reivindicaciones estratégicas (2024-2025)

1. Empadronamiento universal sin bajas de oficio.
2. Aplicación inmediata de la guía DOXI-PEP y financiación de PrEP inyectable sin requisito de NIE.
3. Modificación reglamentaria que permita el cambio registral a toda persona residente, conforme a la Ley Trans 2023.
4. Transposición del Reglamento UE 2024/1348 con enfoque SOGIESC y alojamiento seguro.
5. Reforma penitenciaria autonómica y estatal: módulos autoelegidos, tratamiento hormonal garantizado, registro de incidentes motivados por prejuicio.
6. Plan integral contra el antigitanismo con indicadores específicos para personas gitanas LGBTIQ+.

9. Conclusión: memoria para una práctica de futuro

Recordar Las Carolinas —y el estallido de Las Ramblas en 1977— es instalar una alarma histórica: cuando el Estado define identidades disidentes como “peligrosas”, ninguna libertad está a salvo. La misma lógica opera hoy en las leyes anti-trans estadounidenses, en la pena capital ugandesa y en los módulos penitenciarios que invisibilizan a las personas trans.

Marchamos porque la frontera no se traza solo en los Pirineos o en el Estrecho: se dibuja en el padrón municipal, en el archivo penitenciario, en la ventanilla de extranjería y en la mirada racializante del guardia urbano. Marchamos para que la niña gitana trans no herede ni la vergüenza ni el silencio; para que el solicitante de asilo bisexual reciba un “sí” sin pruebas humillantes; para que la mujer lesbiana encarcelada deje de dormir con miedo.

Orgullo no es un desfile que adorna el turismo; es una barricada de dignidad erigida contra quienes monetizan el miedo y la exclusión. Hasta que la igualdad, la justicia y la libertad de movimiento sean irrevocables, seguiremos marchando, cuidándonos y resistiendo.

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By beatriz losa

It would seem that this year’s International Day against Racial Discrimination has lost its force due to the invasion of the coronavirus in our daily lives.

But this daily life is very different for each of us. Today, spending confinement to your home, with food supplies, as much water and soap as necessary, and the coveted access to the internet, is a privilege.

And so, these days I cannot stop thinking about my dear teachers, who do not have these privileges: women who are racialized from different cultures and countries, gender identities, diverse sexual orientations, who live all their diversities with proudness in this territory, so often hostile. They teach me, every day, about resilience, the capacity to resist, about courage, about the need for solidarity and sisterhood, about the need to share a laugh and a meaningful embrace

I am thinking of the two mothers and their two children, who arrived in our territory a year ago yesterday, and who today are confined in a small room in a Humanitarian Emergency Centre where protection measures are practically non-existent. I am thinking of my colleague, who is confined in a rented room alone, with the only company of her mobile phone. I am thinking of the women in prison who live in this kind of confinement while serving a sentence of imprisonment. How crazy it is! In a couple who have been fired these days and who don’t know how to pay their room at the end of the month. In the women who are forced to continue sex work because they have to pay  their room  day by day…

 

And they all live here because they had to flee their countries to save their lives, because they are diverse, because they are lesbian women, trans women*.

 

Some of them risked their lives during the trip, because it is very expensive to get to the white «wonderland». Others left all their love people and summed up their lives in cabin bags to avoid attracting attention when they arrived in Spanish territory.

But the «wonderland» they arrived at is not multicolored. The professionals who attend them are white: the police, the social worker, the lawyer, the civil servant, the doctor, the teacher…

 

And that white is not a neutral color, it is a color full of prejudices that nullifies the richness and light of each of the colors: their experiences, their needs, their expectations, their desires. It is attempted to make their diversities and intersectionalities uniform, giving remote controlled answers from the institutions and the laws. A target full of privileges, almost never conscious.

 

The health authorities say that no one is safe from this pandemic.

The virus may not detect our race when it invades our bodies. But what about the decreed alarm system? This system, once again, reproduces our discriminatory and racist society by stopping racialized people with non-binary gender identities on the street many more times than white people with heteronormative gender expressions.

 

It is difficult to know how this global crisis will develop. Some people are already saying that it is going to shake up our value system, that perhaps it is an opportunity to rebuild a more supportive system. But when you look at the few data coming in from the countries of Africa and Latin America, your heart cannot help but shrink.

What real possibilities do they have to contain this pandemic with the situations of poverty, war, famine and lack of health care that most of the people living in these countries are already experiencing? I wonder if this pandemic will not be the perfect excuse for the countries of white and privileged leaders, who today live their confinement with privileges, to close the borders definitively to the people who, once again, will have to flee their countries to save their lives.

 

Racial discrimination will then have a  virus name.

 

 

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Carlos Márquez Daniel

El asunto de los refugiados bascula entre lo político, lo social y lo mediático. Político porque las Administraciones -municipal, autonómica, estatal y comunitaria- gestionan la crisis más a la greña entre ellas que con entendimiento. Social porque la hemorragia no se cierra y la asistencia a los asilados sigue siendo tan necesaria como urgente. Y mediático porque es una materia que preocupa, que compromete y que genera encendidas declaraciones. En medio del alboroto se producen noticias que hablan por sí solas, sin estridencias. Como que Barcelona sea pionera en la atención a los demandantes de protección internacional que tuvieron que abandonar su país por su orientación sexual.

PROGRAMA NAUSICA 

A la vivienda que administra esta entidad, en la que se cuentan siete plazas por las que ya han pasado unas 40 personas, se suman ahora otros dos pisos con un total de ocho plazas. Los pone el Ayuntamiento de Barcelona de la mano del programa Nausica de apoyo a los refugiados, un plan que ya han vendido en Madrid y Europa pero que sigue sin poder desplegar del todo sus alas porque las competencias no son locales. Por ahora, porque ese es el deseo del gobierno de Ada Colau, que la semana pasada solicitó ante la Unión Europea, una vez más, que los municipios tengan acceso a los fondos comunitarios destinados a la atención a asilados. 

Estas ocho plazas municipales forman parte del paquete de 34 que el consistorio acaba de poner a disposición de los refugiados que abandonan el programa estatal de asilados. Sumadas a las 47 ya existentes, la ciudad ya cuenta con 81 camas para demandantes de protección que han quedado fuera del paraguas del Gobierno tras agotar los plazos de protección previstos, de hasta dos años si se consiguen todas las prórrogas. Si todo va bien, Barcelona terminará el 2017 con 100 plazas. Para todo ello, de momento, se han destinado 1,13 millones de euros, por encima del millón que el Govern prevé para su propio programa de atención a asilados.

En estos pisos municipales, los usuarios tendrán todos los gastos pagados durante un plazo máximo de 12 meses, en los que se realizará una doble tarea de integración social y laboral para conseguir el objetivo último del plan: que se conviertan en ciudadanos autónomos. En cuanto al mercado de trabajo, Araneda no es muy optimista respecto a las opciones del colectivo gay. «Si a un transexual de aquí ya le resulta muy complicado encontrar un empleo, imagínate cómo lo tendrá uno que viene de fuera». Extranjero y, como sucede en muchos casos, macerado en el trauma. Como el chico georgiano que tuvo que huir porque su propia familia quería matarlo tras conocer su homosexualidad de boca de una expareja despechada. A ese hombre, por cierto, el Estado español le denegó la condición de refugiado. Esa es otra de las cosas que las entidades aborrecen: el criterio bajo el cual se toma la decisión de quién cumple y quién no pasa el corte.

ESTADO CULPABLE

Barcelona se ha inspirado en Berlín en cuanto a la integración de los refugiados LGTBI. Explica Araneda que en Alemania existe un albergue con 200 plazas para este colectivo, y que en aquel país, algunos asilados agredieron a personas en su misma situación pero por razones de orientación sexual. Aquí, dice el presidente de Acathi, se han producido incidentes aislados. Nada grave. 

El teniente de alcalde Jaume Asens ha sido el encargado este lunes de desgranar la hoja de ruta municipal, acompañado por el responsable de Inmigración, Ramon Sanahuja. El concejal ha incidido en el hilo argumental del consistorio: «Denunciamos la gestión opaca de los fondos europeos. El Estado recibirá hasta el 2020 unos 220 millones de euros para la acogida de refugiados y los destinará básicamente a la política de retorno y al control de fronteras».

Sobre el discurso de Jordi Évole en el concierto del pasado sábado a favor de los asilados, Asens ha asegurado que es el Gobierno central quien debería «sentirse interpelado» por las palabras del periodista, que afeó, a su manera, la inacción de la Administración. «Es el Estado quien está fallando en esta crisis». Sanahuja ha detallado que Nausica es un «recurso puente entre el programa estatal y la autonomía». 

A todo esto, el Servicio de Atención a Inmigrantes, Emigrantes y Refugiados (SAIER), dependiente del consistorio, ha incrementado este enero su actividad un 85% respecto al mismo mes del 2016. El crecimiento ha sido sostenido en estos últimos años. Según Sanahuja, entre otras cosas, «porque el mundo está peor que antes».